El Estado lo largo de las últimas 2 décadas venía realizando procesos de contratación de servicios a valores unitarios, y buscaba de alguna manera ser eficiente y efectivo en el uso de los recursos financieros que se le asignaba a cada Entidad Estatal.

Servicios como los de limpieza, seguridad, alimentación, fotocopiado, mantenimiento de equipos y maquinarias, impresión de banner´s y viniles, fueron enfocados en esta línea de diseñarlos para que los postores puedan ofrecer su mejor precio unitario. De esta manera, al final de cada período (usualmente mensual) la entidad sólo tendría que validar la cantidad de horas-hombre contabilizadas y validadas a fin de mes, o la cantidad de raciones de alimentos entregadas a fin de mes, la cantidad de fotocopias hechas a fin de mes, la cantidad de equipos a los que se les hizo efectivamente el mantenimiento, o la cantidad de vehículos que se les hizo mantenimiento, o la cantidad de banner´s o viniles impresos e instalados en las ubicaciones inicialmente planteadas.

Todo lo expresado cambió al inició de la crisis sanitaria del COVID-19 cuando el estado decidió de manera unilateral, como consecuencia de que los funcionarios públicos estaban haciendo teletrabajo, que el personal de limpieza o que el número vigilantes se redujera, o que las raciones que ahora le reconocería al comedor tercerizado serían de forma exclusiva las que se consumieran o que el número de copias e impresiones sólo serían las efectivamente utilizadas o que el mantenimiento de los equipos o maquinarias sólo se harían a los equipos que se venían usando o que el número de banner´s o viniles que se instalarían se reduciría a casi nada pues no había necesidad.

Todo esto suena razonable desde el punto de vista de tener que pagar por lo que realmente se usa, y se argumenta en el hecho que el contrato se hizo bajo el esquema de precios unitarios. Sin embargo, se deja de lado el análisis real de entender que ese precio unitario se obtuvo bajo circunstancias totalmente distintas a las actuales.

No es muy complicado entender que, por economía de escala, que el concesionario que atiende el comedor en una Entidad del Estado cobrará un precio unitario mucho menor si debe atender 500 raciones de almuerzo diarias a tener que atender sólo 50. O que, por la misma razón, la empresa que da servicios de alquiler de fotocopiadoras o outsourcing de impresión, tendrá un precio unitario mucho más bajo, si se imprimieran o fotocopiaran 550,000 páginas al mes a que si sólo se imprimieran o fotocopiaran 70,000.

Tan complejo o más si consideramos el caso de una empresa de Servicios de Mantenimiento, que tenía que disponer de Equipos y Maquinaria, además de mantener un stock de repuestos para hacer el mantenimiento de 2,350 equipos a una entidad del Estado, sin embargo, ahora sólo le solicitarán hacerlo para 480 equipos.

El papel económico del Estado es el de proveer de oportunidades para las empresas privadas, de tal forma que estos puedan obtener ingresos que les genere utilidades y de esta forma puedan hacer frente a sus obligaciones: pago de planillas de empleados, pagos de materias primas, pagos de préstamos bancarios por compra de equipos, etc. Sin embargo, como es de concluirse, esto no se está cumpliendo. El papel económico del Estado debería ser la correcta ejecución del presupuesto que se le asigna.

El análisis actual de muchas de las entidades del estado, ante el temor de ser auditados o la dejadez de no querer trabajar un poco más para analizar cada caso por separado, se ciñen a indicar que el contrato dice precios unitarios y esto se debe cumplir.

Donde queda el criterio de análisis de los funcionarios del estado, de ver que esta situación es una situación de fuerza mayor y que está afectando a la economía de todo el país. Esta falta de empatía de parte de los funcionarios llevará a la quiebra a muchas empresas – especialmente a las microempresas – quienes no podrán soportar estos embates provocados por la crisis actual.

La OSCE como órgano de control de las compras estatales, está ausente en estas situaciones que fundamentalmente están afectando a las micro y pequeñas empresas. ¿No sería importante y oportuno que se pronuncie sobre las formas o procedimientos a seguir para casos como estos que busquen garantizar la estabilidad económica de las empresas?

El Ejecutivo debería diseñar mecanismos que permitan volver a plantear nuevos modelos para la atención de estos servicios, sin que las empresas privadas se estén afectando. Se debe tener en cuenta que detrás de estas micro o pequeñas empresas formales, existen muchas familias cuyas economías dependen de la estabilidad de estas empresas. ¿No sería más fácil hacer llegar ayuda económica a miles de hogares diseñando modelos creativos para estos servicios que garanticen la estabilidad económica de estas empresas?