La pandemia ha generado sobrecostos que ningún empresario hubiera imaginado antes del 2020, y es muy probable que ningún contrato lo tuviera en cuenta. ¿Cuál debería ser el papel del Gobierno?
El Estado debería ser el gran motor de la economía en todo país, y generar la mayor cantidad de oportunidades de compras de bienes y servicios acorde a las demandas de sus instituciones.
Las relaciones contractuales entre dos empresas privadas siempre buscan generar beneficios, y en las actuales condiciones, es totalmente comprensible que cada una vea sus intereses, aún si esto va en desmedro de la otra, por un tema de supervivencia “literalmente”.
En los contratos entre un privado y el Estado, si el entorno afecta negativamente a la empresa privada poniéndola en riesgo de pérdida o quiebra, el papel del Estado debería cambiar las condiciones en aras de darle estabilidad a la empresa.
El COVID-19 está generando sobrecostos a las empresas en el peor momento de sus vidas y el Estado por lo contrario exige nuevas condiciones, lo que está afectando a los más pequeños, especialmente a los que venían prestando servicios con precios unitarios.
La ayuda del Estado en este sentido sería más efectiva inclusive que el Programa Reactiva.
¿Cuánto tiempo más esperaremos por una reacción del Gobierno?
